La Contraloría General de la República halló mérito para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el actual Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, y contra las firmas contratistas Unión Temporal Vías Antioquia y Consorcio Vial 08, por presuntos sobrecostos de $ 4.492 millones en la celebración de cinco contratos de obras públicas, derivados de las urgencias viales decretadas por la Gobernación.
“El ente de control encontró diferencias entre los valores pagados y los valores calculados y actualizados mediante el Índice de Costos de la Construcción, que ocasionaron el sobrecosto de más de 4.000 millones de pesos, y cuyos presuntos responsables son el Gobernador Ramos Botero, el Secretario de Infraestructura del departamento y los contratistas Unión Temporal Vías Antioquia y Consorcio Vial 08”, señaló la contralora general, Sandra Morelli.
La decisión se produce como consecuencia de una solicitud de control excepcional requerida a la contralora general, por la Comisión Sexta del Senado de la República, la cual hace referencia a la contratación de obras públicas e infraestructura, incluidas las urgencias viales, desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno.
En desarrollo de esa solicitud, la Contraloría Delegada de Infraestructura Física abrió indagación preliminar para determinar la ocurrencia de presuntos hechos irregulares en la Gobernación y sus entidades descentralizadas.
Con respecto a la Gobernación de Antioquia, del conjunto de la contratación se seleccionó una muestra de 70 contratos por valor de $ 274.126.432.853, atendiendo los criterios de materialidad establecidos en la Guía Audite 4.0 de la Contraloría General de la República, que incluye la contratación por emergencia vial y obras públicas e infraestructura de las diversas subregiones de Antioquia.
Hasta ahora se han iniciado 20 indagaciones preliminares, encontrando mérito para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal en cinco de ellas, referidos de manera concreta a irregularidades que tienen que ver con la existencia de posibles sobrecostos de hasta 13.5 por ciento en la celebración y ejecución de esos contratos.
Los contratos que ocasionaron sobrecostos de $4.592.146.796,34 tienen las siguientes características:
“El ente de control encontró diferencias entre los valores pagados y los valores calculados y actualizados mediante el Índice de Costos de la Construcción, que ocasionaron el sobrecosto de más de 4.000 millones de pesos, y cuyos presuntos responsables son el Gobernador Ramos Botero, el Secretario de Infraestructura del departamento y los contratistas Unión Temporal Vías Antioquia y Consorcio Vial 08”, señaló la contralora general, Sandra Morelli.
La decisión se produce como consecuencia de una solicitud de control excepcional requerida a la contralora general, por la Comisión Sexta del Senado de la República, la cual hace referencia a la contratación de obras públicas e infraestructura, incluidas las urgencias viales, desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno.
En desarrollo de esa solicitud, la Contraloría Delegada de Infraestructura Física abrió indagación preliminar para determinar la ocurrencia de presuntos hechos irregulares en la Gobernación y sus entidades descentralizadas.
Con respecto a la Gobernación de Antioquia, del conjunto de la contratación se seleccionó una muestra de 70 contratos por valor de $ 274.126.432.853, atendiendo los criterios de materialidad establecidos en la Guía Audite 4.0 de la Contraloría General de la República, que incluye la contratación por emergencia vial y obras públicas e infraestructura de las diversas subregiones de Antioquia.
Hasta ahora se han iniciado 20 indagaciones preliminares, encontrando mérito para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal en cinco de ellas, referidos de manera concreta a irregularidades que tienen que ver con la existencia de posibles sobrecostos de hasta 13.5 por ciento en la celebración y ejecución de esos contratos.
Los contratos que ocasionaron sobrecostos de $4.592.146.796,34 tienen las siguientes características:
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