La corrupción es una epidemia y una tragedia en Colombia. Algún funcionario calculó en más de 4 billones de pesos –superior al presupuesto de un departamento como Antioquia- el desangre de recursos que año tras año termina en los bolsillos de inescrupulosos servidores públicos y particulares, en lugar de contribuir a la solución de los problemas sociales más acuciantes del país.
El Presidente Juan Manuel Santos tuvo que reconocer que en materia de corrupción a nivel nacional, regional o local, “donde se ponga el dedo, sale pus”. Hoy no me acuerdo del caso que copó la atención de los medios de comunicación hace 2, 3 o 4 semanas –mal de cada semana- , pero sí sé cuál es el caso con el que arrancamos esta: Ingeominas y la feria de títulos mineros.
Hasta la sal está corrompida. Organismos de control, llamados a enfrentar la corrupción, han sido vinculados como agenciadores de la misma. El anterior Contralor General de la Nación, Julio Cesar Turbay, está siendo investigado por supuesta malversación de recursos oficiales y detrimento patrimonial. El Contralor de Bogotá está detenido por su participación en el carrusel de la contratación en la capital. Otros Contralores, también tienen investigaciones encima por cobrar coimas a los mandatarios locales para exonerarlos de sanciones fiscales. El Personero de Bogotá no se ha salvado de sindicaciones graves, lo mismo que Fiscales y miembros de la fuerza pública.
En Antioquia, la Contraloría departamental también ha sido vinculada a hechos de posible corrupción. Por su iniciativa se creó la Fundación Buen Gobierno, para que por vía de los convenios interadministrativos, se adjudicaran a dedo cuantiosas cifras del presupuesto departamental. La Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General y la Auditoría de la República, se desplazaron hasta Medellín para investigar la validez de las denuncias.
El Senador antioqueño Eugenio Prieto Soto, acaba de publicar en el dominical de El MUNDO que “Ante los escándalos y denuncias por corrupción, la Auditoria General de la República -AGR-, implementó el proyecto, Control al Control a la Contratación -CCC, orientado a determinar graves riesgos e irregularidades en la contratación pública. Esta semana presentó un primer informe sobre 852.143 contratos suscritos por los sujetos vigilados por las Contralorías territoriales, en el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y febrero de 2011.
Denuncia la generalización de la contratación directa en los entes territoriales, con la cual se evade el principio de selección objetiva a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones y otras entidades, evidenciando un total de 23.128 contratos con éste tipo de instituciones en cuantía de $4.4 billones y 5.297 convenios interadministrativos por valor de $1.9 billones… Los vergonzosos mayores porcentajes de contratación directa se concentraron en los territorios fiscalizados por las Contralorías de Nariño con 38.641 contratos, Bogotá con 27.876, Santander con 13.502, Antioquia con 11.940 y Cali con 7.940. Estas cifras, muestran enormes debilidades en el control de la contratación por parte de las entidades públicas, directamente y a través de los interventores, así como por parte de las contralorías territoriales.” No hay más que decir. Estamos en manos del Chapulín.
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