viernes, 3 de junio de 2011

¿Será una buena IDEA?

Dicen los que saben que por las altas esferas burocráticas del edificio de la Gobernación de Antioquia huele a azufre. ¡Y cómo no! Por allí el diablo anda suelto haciendo de las suyas con el presupuesto público.

Dicen que el candidato de la “carrucontinuidad” de Ramos Botero está afanado en que nada cambie por allá, a pesar de que todos los organismos de control los tienen en la mira. ¿Será que este señor sostendrá ese discurso hasta el final? Lo único claro es que tanta contratación oscura tendrá que ser aclarada rápidamente para que el nuevo gobierno departamental no se lleve sorpresas desagradables.

Auditoría General de la República advierte nuevo "carrusel de contratación" en Antioquia

Medellin, 3 de junio (Telemedellín)..- Después de revisar cerca de 852 mil contratos de diferentes dependencias de todo el país, la Auditoria General de la República concluyó que las anormalidades en la contratación pública son la constante entre otras razones por las deficiencias del control fiscal. El dinero en peligro suma $26 billones de pesos. Y en el caso de Antioquia, el peligro ronda sobre 11 mil contratos, que se hicieron de manera directa con corporaciones, fundaciones y universidades, o sea brincándose las normas.

Se destacan 129 contratos por $30 mil millones de pesos con la Fundación para el Bienestar Global, antes Fundación para el Buen Gobierno, que según Transparencia Internacional era utilizada por la Gobernación de Antioquia para hacer contratos sin las ‘trabas’ que suponen las licitaciones y sin la ‘camisa de fuerza’ del estatuto de la contratación.

Además se mencionan seis contratos por $1.862 millones de pesos entre la Alcaldía de Itagüí y la empresa Arquitectura Modular Adaptable y Construible; y 13 convenios entre la Asociación Red de Universidades del Eje cafetero-Álma Mater en Quindío, Cundinamarca y Antioquia por $6 mil millones.

Con esta nueva advertencia se ratifica que en Antioquia sí existe un carrusel de contrataciones en las entidades del Estado, pero hasta el momento los organismos competentes no han emitido medidas contra los presuntos responsables.

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