El renacer de la parapolítica en Antioquia
semana.com
Por: María del Rosario Arrázola
La Corte Suprema de Justicia quiere aclarar de dónde surgió y cómo creció el paramilitarismo en Antioquia.
Alas-Equipo Colombia, un extraño caso. Desde 1997 a la fecha, la refundación del Estado estaba en marcha.
La primera plataforma política de penetración a los órganos legislativos se llamó Movimiento de Renovación Liberal y el escenario donde se experimentó la captura del poder local fue el municipio de Envigado. Hasta estas evidencias, ocurridas en los años 80, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria y su letal invento de las oficinas de cobro, se dirigen ahora las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, en su propósito de aclarar de una vez por todas la cronología, las conexiones y el mapa de la parapolítica en Antioquia.
Con la colaboración de los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, desde cárceles de Estados Unidos; y otro grupo de exintegrantes de las autodefensas detenidos en Colombia, la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a llegar a fondo en la explicación judicial de un largo proceso de infiltración del delito en las instituciones colombianas, y ello explica el súbito aumento de políticos antioqueños citados para explicar hasta dónde pudo llegar el narcoparamilitarismo.
Una pesquisa que comienza en las listas del Movimiento de Renovación Liberal que llevó a la Cámara de Representantes a Pablo Escobar en 1982 y, sin que trascendiera mucho, tuvo comando departamental, coordinadores de zona, jefes de debate y elegidos en diversas instancias de Antioquia. Pero sin duda, el modelo de penetración de la mafia al Estado fue el municipio de Envigado. No sólo porque se convirtió en la trinchera del jefe del cartel de Medellín, sino también en el laboratorio para su expansión “legal” y delincuencial.
Hace 25 años, el primero que lo tuvo claro fue el juez Tulio Manuel Castro, quien indagando el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara, constató cómo en el Concejo de Envigado figuraban tres miembros del Movimiento de Renovación Liberal que tuvieron permanente comunicación con los asesinos. Rubén Darío Londoño Vásquez, alias La Yuca; Juan Fernando Maya Restrepo y Alba Marina Escobar, esta última hermana del capo. Desafortunadamente, el juez Castro fue asesinado y su investigación no fue continuada.
Como tampoco se neutralizaron otras modalidades de infiltración mafiosa. El Departamento de Orden Ciudadano de Envigado, un aparato de atribuciones “policiales”, algunos de cuyos miembros terminaron aplicando justicia por mano propia, mimetizándose también en las oficinas de tránsito para acceder a matrículas de vehículos, pases de conducción o realización de retenes. En esas vueltas, y apenas hoy empieza a aclararlo la Corte, ya estaba Daniel Mejía, alias Danielito, quien llegó a ser uno de los matones del paramilitarismo.
Escobar y sus socios lo controlaban todo. Era un secreto a voces que la alcaldía de Jorge Mesa nunca se opuso y que buena parte del poder judicial en Antioquia tampoco. En la calle, el capo también ideó un perverso esquema de control que con los años se vino a conocer como la ‘Oficina de Envigado’. Una especie de justicia en los bajos fondos con “tributos” y pena capital para quien quisiera delinquir. La lideró el dirigente deportivo Gustavo Upegui, pero salvo algunas semanas en la cárcel, hasta su muerte en 2006, pasó de agache.
Este modelo, con extensiones de impunidad hasta los municipios vecinos del Valle de Aburrá, fue la base de la expansión paramilitar después de la muerte de Pablo Escobar en 1993. En sus confesiones al antropólogo Aldo Cívico, en su libro Las guerras de Doblecero, el subteniente retirado del Ejército Carlos Mauricio García, quien llegara a ser el jefe del bloque Metro en Medellín, admitió que eso fue lo que hizo el nuevo jefe: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Controlar todas las bandas delincuenciales con su oficina de cobro.
Don Berna, antiguo aliado del narcotraficante Fernando Galeano, se impuso sobre todos. Pero no lo hizo solo. Desde Urabá y en las entrañas de Medellín lo apoyaron los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. En el bajo Cauca lo hizo Ramiro Vanoy, alias Cuco, y en el Magdalena Medio, Ramón Isaza. Muerto Escobar, de la mano de las Cooperativas de Seguridad Rural que le sirvieron de mámpara, se fue desdoblando la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo demás fue replicar el modelo.
En el libro Paracos, del periodista Alfredo Serrano, Don Berna admite que 1994 fue clave para la organización. Ese año consolidó con los Castaño la expansión paramilitar y entró a trabajar con tres personajes claves de su objetivo: Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, y Ramiro Vanoy. Entre ellos ya se movía Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Y poco a poco fueron llegando otros jefes como los hermanos Fredy, Daniel y Jairo Rendón Herrera, así como Rodrigo y Guillermo Pérez Alzate.
Desde Urabá, pasando por el nordeste y el Magdalena Medio hasta oriente y el suroeste, el paramilitarismo impuso su Talión en Antioquia. Y lo hizo con la misma estrategia que la Corte Suprema de Justicia hoy está dispuesta a aclarar: apoyado por políticos y miembros de la Fuerza Pública, financiado por algunos empresarios y ganaderos, fortalecido con los dineros de la droga y penetrando al Poder Judicial. Muchos investigadores, fiscales y jueces que se opusieron, o terminaron en el exilio o insubsistentes o fueron asesinados.
En 1997, cobró forma la organización Autodefensas Unidas de Colombia, y lo que nació como un laboratorio de ilegalidad en Envigado en los años 80, desde Antioquia, bajo la égida de los Castaño, Don Berna, Doblecero, Cuco Vanoy, Macaco o Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, se empezó a proyectar a Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y poco a poco hasta abarcar al país. Los socios paramilitares fueron aumentando y como lo ha sustentado la investigadora Claudia López, se impuso también la fórmula de los distritos electorales.
Las votaciones atípicas, la consolidación de movimientos políticos emergentes, los pactos non sanctos para acceder a las corporaciones legislativas, la apropiación de dineros públicos a través de los contratos y, a mediados de 2001, el punto más alto de su estrategia impune: el pacto de Santa Fe de Ralito para la “refundación de la patria”. Todo eso se hizo porque hubo apoyo político. En varios departamentos de la Costa Atlántica el asunto fue tan notorio que a la justicia no le costó mucho tiempo aclararlo. Pero la Corte quiere ir más allá.
Como lo comentó una fuente a El Espectador, se van a revisar todos los departamentos de Colombia. Pero por estos días la clase política de Antioquia tiembla. Por sus vínculos con Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el proyecto “Movimiento político por una Urabá grande, unida y en paz”, ya fue condenado el exsenador Rubén Darío Quintero. La misma suerte le cupo a la exrepresentante a la Cámara Rocío Arias por sus vínculos con Don Berna. Y Carlos Arturo Clavijo anda en las mismas por cuenta de alias Ernesto Báez.
Pero detrás de ellos hay un interrogante con nombre propio: el movimiento Alas-Equipo Colombia. Un exitoso proyecto político que en las elecciones de 2002 no sólo logró la primera votación al Senado con Luis Alfredo Ramos, sino que en las elecciones locales alcanzó un alto número de alcaldías, ganando espacio en territorios donde el conservatismo tradicional era mayoría. Como segunda fuerza, otro grupo no tradicional: el movimiento de Renovación Acción Laboral, encabezado por el exsenador liberal Mario Uribe Escobar.
Hoy, Alas-Equipo Colombia es una plataforma en la mira judicial. El exsenador Antonio Valencia Duque está preso y los testimonios de los paramilitares señalan que su victoria electoral obedeció al apoyo de las autodefensas. Según estableció El Espectador, ya aceptó acogerse a sentencia anticipada, lo cual implica que asumió su responsabilidad. Y por la misma vía cayó preso el representante Luis Carlos Restrepo Orozco, quien aún se defiende de las imputaciones por su presunta cercana relación con el narcotraficante alias Rasguño.
Cuatro dirigentes políticos de la región de Urabá se repartieron una curul del Congreso entre 2002 y 2006, y ahora responden ante la justicia por las mismas causas: extrañas alianzas con el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera. Son Manuel Darío Ávila, Estanislao Ortiz, Jesús Enrique Doval y César Augusto Andrade, llamados popularmente “los cuatrillizos”. Avalados por Rubén Darío Quintero y encartados con la justicia por los mismos hechos: presuntos pactos con los grupos de autodefensas.
En medio de la redada está Mario Uribe Escobar. Surgido de las entrañas del Partido Liberal del entonces todopoderoso Bernardo Guerra Serna en los años 80, junto con su primo, el expresidente Álvaro Uribe, constituyó una disidencia que lo llevó a la Cámara en 1986. Llegó a la Presidencia del Congreso en tiempos de Andrés Pastrana y preparaba su retiro político cuando entró en desgracia. Un testigo llamado Pitirri lo señala, y desde Estados Unidos, El Tuso Sierra también lo deja mal parado. Seguramente esta semana se conocerá su suerte.
Pero la Corte no para y, según estableció El Espectador, ya avanza en otros campos sobre pistas seguras. Sabe, por ejemplo, que además de Fredy (El Alemán) y Daniel Rendón (Don Mario), hay un tercer hermano llamado Jairo de Jesús, conocido con el alias de Germán Monsalve. Y tiene claro que colabora activamente con la justicia de Estados Unidos. Los investigadores de la Corte aspiran a que también lo haga en Colombia. El Tuso Sierra y Don Berna no quieren guardarse nada y el alto tribunal está dispuesto a hacer justicia.
Se está revisando todo. Los nombramientos de notarios, los negocios de tierras, las listas políticas, los contratos con el Estado, las relaciones con la Fuerza Pública. La Corte tiene claro que si bien hubo Castaños o Rendón desde Amalfi, Ramón Isaza en el Magdalena Medio, Cuco Vanoy o Macaco en el bajo Cauca, H.H. en Urabá o Don Berna en las entrañas del Valle de Aburrá, también hubo políticos que se dejaron seducir por el poder criminal, replicando la fórmula que hace un cuarto de siglo acuñó Pablo Escobar: el modelo Envigado.
El proceso por parapolítica contra Mario Uribe
La investigación en contra del exsenador Mario Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo en Córdoba comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria.
Las pesquisas empezaron por los testimonios aportados por varios exparamilitares, entre ellos alias Gomelo, Pantera, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que Uribe se reunió con algunos de ellos con el fin de comprar tierras baratas en Córdoba y llegar al Senado en 2002.
Estos testimonios sirvieron para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer la decisión, Uribe solicitó asilo político en Costa Rica, recurso que le negaron, por lo que se entregó a las autoridades y acabó detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia decidirá en las próximas semanas si lo condena o absuelve.
Los pasos de Rocío Arias por la justicia
Después de que entrara sin ninguna experiencia política al Congreso como representante a la Cámara para el período que empezaba en el año 2002, la periodista, Rocío Arias empezó a ser señalada de ser una de las legisladoras impuestas por jefes de las autodefensas como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy. Su discurso en el Congreso sorprendía por sus debates en la no extradición de narcoparamilitares a Estados Unidos y la constante promoción de la Ley de Justicia y Paz que, sin duda, beneficiaría a los paramilitares desmovilizados.
Una investigación en contra de Arias haría que ésta se acogiera a sentencia anticipada en 2008, razón por la cual un juez la condenó a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. En 2010, la excongresista fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría a 20 años para ejercer cargos públicos por sus demostrados nexos con las Auc.
Nuevas investigaciones preliminares por parapolítica
La Corte Suprema solicitó al Congreso que certifique en qué momento pertenecieron o desde cuando integran el Poder Legislativo la senadora Olga Suárez Mira, el supernotariado Jorge Enrique Vélez, el representante José Mesa y el exrepresentante William Vélez. Las averiguaciones de la Corte obedecen a los testimonios que han venido dando los paramilitares Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, y los hermanos Daniel y Freddy Rendón Herrera, más conocidos como alias ‘Don Mario’ y alias ‘El Alemán’.
¿Lo que se escribe en Twitter es público? Sí, dice Katitza Rodríguez, experta en asuntos de privacidad en línea y miembro de Electronic Frontier Foundation, una fundación norteamericana que se dedica a analizar y defender los derechos civiles en el entorno digital. “Twitter empezó como un medio de comunicación entre la ciudadanía. Todo lo que se ponga ahí (que no sea un mensaje directo) es público, tanto así que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos indexa y archiva los mensajes que son transmitidos a través de esta plataforma”. 
¿Qué pasa cuando un usuario sube a la plataforma algo en contra de su jefe o la compañía para la que trabaja? “Una persona no puede ser sujeta a amenazas o represalias por este tipo de comportamientos. Eso va en contra de la libertad de expresión. Un caso diferente sería si fuera información confidencial de una empresa”, opina Rodríguez. 
El rumor alcanzó a durar una hora, tal vez, antes de ser desmentido no sólo por medios de comunicación masiva, sino por los mismos usuarios que, a punta de llamadas y visitas a sitios web argentinos confirmaban que Cerati seguía vivo, aunque aún en coma. 
