ELECCIONES: La pelea por la Gobernación de Antioquia está que arde. Ya hay acusaciones, demandas y ataques de todo tipo y en varias direcciones.
Sábado 14 Mayo 2011
Luis Alfredo Ramos llegó a la Gobernación de Antioquia, en 2007, con el aval de Alas-Equipo Colombia. Ganó las elecciones de la mano de la mayoría del conservatismo, del uribismo e incluso de facciones liberales disidentes, como la que lideraban Mario Uribe y César Pérez. Con una imagen de prohombre paisa, capacidad técnica y hábil político, a su candidatura se sumaron todos, excepto la tendencia conservadora de Fabio Valencia Cossio, que decidió respaldar a Eugenio Prieto, candidato de los exgobernadores liberales Guillermo y Aníbal Gaviria Correa.
Pero a pesar de que tiene un altísimo nivel de favorabilidad, Ramos se ha ido quedando solo dentro del conservatismo, a donde regresó cuando Alas-Equipo Colombia se disolvió tras los procesos de parapolítica que afectaron a varios de sus integrantes. Los que lo apoyaron hace cuatro años no están dispuestos a acompañar ahora a Álvaro Vásquez, el exgerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, quien ha trabajado al lado de Ramos desde hace veinte años. Sus antiguos aliados sienten que Ramos los abandonó luego de que lo ayudaron a conquistar la Gobernación. Por eso las elecciones regionales que se vienen serán una guerra sucia entre los grupos conservadores.
Hay varias peleas que involucran acusaciones y denuncias de toda clase. Pero la peor de todas fue la que casó el gobernador Ramos con Óscar Suárez Mira, quien está en la cárcel pero sigue ejerciendo influencia en algunas zonas del departamento. El origen de la disputa, según algunos sectores conservadores, es que Ramos le había prometido la Secretaría de Minas a la actual senadora, exalcaldesa de Bello y hermana de Óscar, Olga Suárez. Pero Ramos no le cumplió: nombró a Nicolás López, cercano a sus hijos, y desde entonces las relaciones entre la casa Ramos y la casa Suárez se dañaron. Las próximas elecciones de octubre eran la oportunidad para Suárez de sacarse el clavo, y ya había empezado a recorrer varios municipios del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, donde tiene presencia, pero a principios de año la Corte le dictó orden de captura por presuntos vínculos con paramilitares y lo sacó de la contienda. Un dirigente conservador le dijo a SEMANA que dos personas cercanas a Luis Alfredo Ramos habrían llevado pruebas a la Corte para mover las investigaciones en su contra.
Cuando esto sucedió, el tablero de aspirantes cambió inmediatamente. Mientras que para algunos la salida de Suárez les abrió la puerta a candidatos más jóvenes y de distintas tendencias dentro del conservatismo, otros creen que la proliferación de candidaturas –en un momento alcanzó a haber diez precandidatos– es una estrategia de Ramos y de Vásquez para forzar a que se haga una consulta popular, pues estiman que podrían ganarla porque cuentan con el apoyo de varios diputados que incluso han pegado afiches de Vásquez en sus oficinas de la Asamblea.
Según Álvaro Vásquez, hace tres meses, en lo que los conservadores llaman la cumbre de San Carbón, se reunieron todos los aspirantes y definieron que harían una consulta para escoger el candidato. Pero en una reunión posterior, Fabio Valencia dijo que la dirección debía apoyar la candidatura de Juan Gómez por consenso y que si no era así, retiraría su nombre, como terminó haciéndolo la semana pasada. Ahora se dice que la facción de Valencia Cossio apoyaría a César Eugenio Martínez, quien ya cuenta con el apoyo de la casa Suárez y el grupo de Genaro Pérez, conocido como ‘los colantos’, y los Gómez y El Colombiano.
‘“El Colombiano’ está en todo su derecho, está en campaña política”, dice Vásquez refiriéndose a las historias de corrupción por contratación dentro de la Gobernación que ha publicado el diario. Aunque hace un año el diario habló por primera vez de “amiguismos” en los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura, hace dos meses empezó a publicar más detalles sobre lo que sería un presunto cartel de la contratación: que había sobrecostos por 9.000 millones de pesos, que un funcionario habría cobrado una supuesta comisión de 1.800 millones, que las empresas que no habían aportado a la campaña de Luis Alfredo Ramos siempre perdían las licitaciones y que, por el contrario, las que hacen parte de la ‘Alianza Humo’ se quedaban con todos los contratos pagando anticipos del 15 por ciento.
Las últimas denuncias involucran directamente a Álvaro Vásquez. Según un artículo de El Colombiano, este habría utilizado información privilegiada, creando una compañía de papel que hoy maneja su conductor, para hacer una operación irregular y quedarse con unas acciones del fondo ganadero Fogansa. “Yo aguanto más que un palo de punta, entonces van a tener que demostrar…y vamos a ir a los juzgados a responder”, le dijo Vásquez a SEMANA.
El Colombiano no es el único diario antioqueño que ha estado en el centro de la polémica. Desde su columna en El Mundo, que es de la familia Gaviria, el senador liberal y opositor a Luis Alfredo Ramos, Eugenio Prieto, ha venido denunciando las actuaciones del contralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro. Prieto apoya la candidatura de Aníbal Gaviria a la Alcaldía de Medellín.
Por las denuncias de Prieto, y por un informe de enero de la Auditoría General de la República, se conocieron presuntas irregularidades en contratación con una compañía de software por más de mil millones de pesos y por convenios firmados con la Fundación para el Buen Gobierno, hoy llamada Fundación Bienestar Global. Varios sectores han criticado públicamente que el contralor no ha hecho bien su tarea por su cercanía con Luis Alfredo Ramos. Rojas fue jefe de campaña de Ramos en su aspiración a la Gobernación y lideró la comisión de empalme cuando este asumió el cargo. SEMANA buscó al contralor Rojas, pero no recibió respuesta antes del cierre de la edición.
A raíz de estas denuncias, de los hallazgos de un estudio estadístico de la Cámara Colombiana de Infraestructura que alertó sobre una presunta anomalía en los procesos de contratación y por petición de la Comisión Sexta del Senado, de la que hace parte Eugenio Prieto, la contralora Sandra Morelli viajó hasta Medellín para inspeccionar lo que estaba sucediendo y le llamó la atención a la Contraloría Regional. Unas semanas después, el contralor Rojas decretó un embargo preventivo contra Aníbal Gaviria y Eugenio Prieto por permitir la capitalización del Fondo Ganadero de Antioquia. Para Prieto y Gaviria esta es una medida de retaliación política. “Vamos a interponer una denuncia penal frente a las acciones de la Contraloría, y lo hago por dos cosas. Primero, la opinión pública debe saber que no hay nada que temer, por eso actuamos con fuerza, y segundo, porque esto es un delito y hay que denunciarlo”, dijo Aníbal Gaviria a SEMANA.
Solo cuando se haga la consulta en las próximas semanas se sabrá quién es el candidato conservador a la Gobernación, que tendrá que enfrentarse en las urnas contra Sergio Fajardo luego de que Jorge Melguizo renunciara a su aspiración por el Partido Verde. En la contienda también está Rodrigo Saldarriaga Sanín por el Polo y está por definirse a quién apoyarán Cambio Radical, La U y los liberales, que son cercanos a la candidatura de Fajardo.
Mientras la contienda se calienta, los órganos de control avanzan en sus investigaciones por el lío de la contratación y la Procuraduría le abrió una investigación preliminar por omisión a Ramos, por no ejercer el control suficiente sobre algunos contratos de infraestructura. “En el tema de infraestructura, la persona adecuada para hablar es la secretaria, María Cristina Mesa, porque yo, como gobernador, no influyo en los temas de contratación”, dice Ramos.
Así las cosas, lo que se avecina es una campaña virulenta. Lo que está en juego, más allá de si los conservadores logran quedarse con la Gobernación, es que el próximo líder del departamento manejará millonarios recursos cuando se construyan la hidroeléctrica de Hidroituango y el túnel de Oriente. Por eso los órganos de control deberán estar atentos al juego sucio que utilicen los candidatos para quedarse con la joya de la Corona de la Alpujarra.
Fuente: Semana
Sábado 14 Mayo 2011
Luis Alfredo Ramos llegó a la Gobernación de Antioquia, en 2007, con el aval de Alas-Equipo Colombia. Ganó las elecciones de la mano de la mayoría del conservatismo, del uribismo e incluso de facciones liberales disidentes, como la que lideraban Mario Uribe y César Pérez. Con una imagen de prohombre paisa, capacidad técnica y hábil político, a su candidatura se sumaron todos, excepto la tendencia conservadora de Fabio Valencia Cossio, que decidió respaldar a Eugenio Prieto, candidato de los exgobernadores liberales Guillermo y Aníbal Gaviria Correa.
Pero a pesar de que tiene un altísimo nivel de favorabilidad, Ramos se ha ido quedando solo dentro del conservatismo, a donde regresó cuando Alas-Equipo Colombia se disolvió tras los procesos de parapolítica que afectaron a varios de sus integrantes. Los que lo apoyaron hace cuatro años no están dispuestos a acompañar ahora a Álvaro Vásquez, el exgerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, quien ha trabajado al lado de Ramos desde hace veinte años. Sus antiguos aliados sienten que Ramos los abandonó luego de que lo ayudaron a conquistar la Gobernación. Por eso las elecciones regionales que se vienen serán una guerra sucia entre los grupos conservadores.
Hay varias peleas que involucran acusaciones y denuncias de toda clase. Pero la peor de todas fue la que casó el gobernador Ramos con Óscar Suárez Mira, quien está en la cárcel pero sigue ejerciendo influencia en algunas zonas del departamento. El origen de la disputa, según algunos sectores conservadores, es que Ramos le había prometido la Secretaría de Minas a la actual senadora, exalcaldesa de Bello y hermana de Óscar, Olga Suárez. Pero Ramos no le cumplió: nombró a Nicolás López, cercano a sus hijos, y desde entonces las relaciones entre la casa Ramos y la casa Suárez se dañaron. Las próximas elecciones de octubre eran la oportunidad para Suárez de sacarse el clavo, y ya había empezado a recorrer varios municipios del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, donde tiene presencia, pero a principios de año la Corte le dictó orden de captura por presuntos vínculos con paramilitares y lo sacó de la contienda. Un dirigente conservador le dijo a SEMANA que dos personas cercanas a Luis Alfredo Ramos habrían llevado pruebas a la Corte para mover las investigaciones en su contra.
Cuando esto sucedió, el tablero de aspirantes cambió inmediatamente. Mientras que para algunos la salida de Suárez les abrió la puerta a candidatos más jóvenes y de distintas tendencias dentro del conservatismo, otros creen que la proliferación de candidaturas –en un momento alcanzó a haber diez precandidatos– es una estrategia de Ramos y de Vásquez para forzar a que se haga una consulta popular, pues estiman que podrían ganarla porque cuentan con el apoyo de varios diputados que incluso han pegado afiches de Vásquez en sus oficinas de la Asamblea.
Según Álvaro Vásquez, hace tres meses, en lo que los conservadores llaman la cumbre de San Carbón, se reunieron todos los aspirantes y definieron que harían una consulta para escoger el candidato. Pero en una reunión posterior, Fabio Valencia dijo que la dirección debía apoyar la candidatura de Juan Gómez por consenso y que si no era así, retiraría su nombre, como terminó haciéndolo la semana pasada. Ahora se dice que la facción de Valencia Cossio apoyaría a César Eugenio Martínez, quien ya cuenta con el apoyo de la casa Suárez y el grupo de Genaro Pérez, conocido como ‘los colantos’, y los Gómez y El Colombiano.
‘“El Colombiano’ está en todo su derecho, está en campaña política”, dice Vásquez refiriéndose a las historias de corrupción por contratación dentro de la Gobernación que ha publicado el diario. Aunque hace un año el diario habló por primera vez de “amiguismos” en los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura, hace dos meses empezó a publicar más detalles sobre lo que sería un presunto cartel de la contratación: que había sobrecostos por 9.000 millones de pesos, que un funcionario habría cobrado una supuesta comisión de 1.800 millones, que las empresas que no habían aportado a la campaña de Luis Alfredo Ramos siempre perdían las licitaciones y que, por el contrario, las que hacen parte de la ‘Alianza Humo’ se quedaban con todos los contratos pagando anticipos del 15 por ciento.
Las últimas denuncias involucran directamente a Álvaro Vásquez. Según un artículo de El Colombiano, este habría utilizado información privilegiada, creando una compañía de papel que hoy maneja su conductor, para hacer una operación irregular y quedarse con unas acciones del fondo ganadero Fogansa. “Yo aguanto más que un palo de punta, entonces van a tener que demostrar…y vamos a ir a los juzgados a responder”, le dijo Vásquez a SEMANA.
El Colombiano no es el único diario antioqueño que ha estado en el centro de la polémica. Desde su columna en El Mundo, que es de la familia Gaviria, el senador liberal y opositor a Luis Alfredo Ramos, Eugenio Prieto, ha venido denunciando las actuaciones del contralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro. Prieto apoya la candidatura de Aníbal Gaviria a la Alcaldía de Medellín.
Por las denuncias de Prieto, y por un informe de enero de la Auditoría General de la República, se conocieron presuntas irregularidades en contratación con una compañía de software por más de mil millones de pesos y por convenios firmados con la Fundación para el Buen Gobierno, hoy llamada Fundación Bienestar Global. Varios sectores han criticado públicamente que el contralor no ha hecho bien su tarea por su cercanía con Luis Alfredo Ramos. Rojas fue jefe de campaña de Ramos en su aspiración a la Gobernación y lideró la comisión de empalme cuando este asumió el cargo. SEMANA buscó al contralor Rojas, pero no recibió respuesta antes del cierre de la edición.
A raíz de estas denuncias, de los hallazgos de un estudio estadístico de la Cámara Colombiana de Infraestructura que alertó sobre una presunta anomalía en los procesos de contratación y por petición de la Comisión Sexta del Senado, de la que hace parte Eugenio Prieto, la contralora Sandra Morelli viajó hasta Medellín para inspeccionar lo que estaba sucediendo y le llamó la atención a la Contraloría Regional. Unas semanas después, el contralor Rojas decretó un embargo preventivo contra Aníbal Gaviria y Eugenio Prieto por permitir la capitalización del Fondo Ganadero de Antioquia. Para Prieto y Gaviria esta es una medida de retaliación política. “Vamos a interponer una denuncia penal frente a las acciones de la Contraloría, y lo hago por dos cosas. Primero, la opinión pública debe saber que no hay nada que temer, por eso actuamos con fuerza, y segundo, porque esto es un delito y hay que denunciarlo”, dijo Aníbal Gaviria a SEMANA.
Solo cuando se haga la consulta en las próximas semanas se sabrá quién es el candidato conservador a la Gobernación, que tendrá que enfrentarse en las urnas contra Sergio Fajardo luego de que Jorge Melguizo renunciara a su aspiración por el Partido Verde. En la contienda también está Rodrigo Saldarriaga Sanín por el Polo y está por definirse a quién apoyarán Cambio Radical, La U y los liberales, que son cercanos a la candidatura de Fajardo.
Mientras la contienda se calienta, los órganos de control avanzan en sus investigaciones por el lío de la contratación y la Procuraduría le abrió una investigación preliminar por omisión a Ramos, por no ejercer el control suficiente sobre algunos contratos de infraestructura. “En el tema de infraestructura, la persona adecuada para hablar es la secretaria, María Cristina Mesa, porque yo, como gobernador, no influyo en los temas de contratación”, dice Ramos.
Así las cosas, lo que se avecina es una campaña virulenta. Lo que está en juego, más allá de si los conservadores logran quedarse con la Gobernación, es que el próximo líder del departamento manejará millonarios recursos cuando se construyan la hidroeléctrica de Hidroituango y el túnel de Oriente. Por eso los órganos de control deberán estar atentos al juego sucio que utilicen los candidatos para quedarse con la joya de la Corona de la Alpujarra.
Fuente: Semana
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