Iván Echeverri Valencia I Publicado el 12 de abril de 2011
El anuncio del Gobierno de someter a la aprobación del Congreso una reforma a la educación superior, es decir, a la Ley 30 de 1992, viene generando una serie de pronunciamientos y de movilizaciones de estudiantes, trabajadores y del medio académico en general; algunos lo han hecho de manera pacífica y unos pocos se han expresado de forma violenta, pero creo que, en la mayoría de los casos, sin darse la oportunidad de estudiar el proyecto a profundidad, ni de discernirlo completamente para encontrarle los aspectos positivos y negativos.
A pesar de los esfuerzos de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, por explicar las bondades del proyecto, estos han caído mal, porque son más los contradictores que desean que este no nazca a la vida jurídica, que quienes encuentran razones para defenderlo; de igual manera el camino que debe recorrer para que sea aprobado por el Congreso de la República será complejo, a pesar de las mayorías que tiene el Gobierno, máxime cuando nos encontramos en año electoral y los padres de la patria en ningún momento van a querer herir susceptibilidades en el ámbito regional que les afecte futuras aspiraciones.
Entre los aspectos más relevantes de la reforma propuesta y que ha originado las movilizaciones, está la de considerar la educación superior como un servicio público cultural, inherente a la finalidad social de Estado, y no como un Derecho Fundamental, lo que dará lugar a que particulares lo puedan prestar con ánimo de lucro, en detrimento de la educación estatal y por ende de los ciudadanos que por circunstancias económicas les quedará imposible acceder a ella.
La autonomía universitaria se garantiza de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política, no obstante, preocupa la mayor injerencia del Ministerio de Educación y del Gobierno en los Consejos Superiores, en sus decisiones y en la inspección y vigilancia para que el servicio educativo sea de calidad.
El presupuesto insuficiente y la desfinanciación progresiva de la educación superior pública, han sido el caballito de batalla desde la promulgación de la Ley 30, y ahora se argumenta que los recursos que se aportan y los que adicionalmente ofrece el Gobierno, seguirán siendo limitados para las actuales cargas que hoy deben acometer las universidades públicas.
Por considerar que es una intromisión a su autonomía y una falta de confianza, nunca ha gustado, ni ahora se quiere aceptar, que los ingresos a los que tienen derecho las universidades les vayan a ser entregados mediante convenios de desempeño en los que imperen primordialmente los criterios de calidad y ampliación de cobertura; igualmente que otros recursos adicionales le sean distribuidos a través de intermediarios, en este caso el CESU. Consideran también que generarían más déficit y complicaciones las ayudas y créditos que se implementarían para permitir el ingreso de personas de bajos ingresos, así como el diferirles el pago de las matrículas hasta la terminación de sus estudios y la vinculación al mercado laboral.
Tampoco comparten el suscribir convenios ni asumir los costos de la acreditación de alta calidad otorgada por entidades privadas. Consideran como una verdadera privatización de la Educación Superior el autorizar que la prestación de este servicio se pueda hacer a través de instituciones privadas o mixtas, con o sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o sociedades anónimas.
El proyecto poco o nada preceptúa sobre cómo debe intervenirse para poner en cintura a un sinnúmero de Instituciones de educación superior que ofrecen programas no pertinentes y sin los más mínimos requisitos de calidad, universidades que en el argot popular se les llama de “garaje” y que se han constituido en un engaño para un sinnúmero de jóvenes incautos, que luego no logran graduarse o no encuentran cabida en el mercado laboral.
Pero también existen instituciones técnicas y tecnológicas del orden territorial que con sobrados méritos y experiencia cumplen con las exigencias para acceder a ser universidad, a las que en el proyecto se les sigue cerrando el paso al imponerles nuevos requisitos para imposibilitarles el ascenso; mientras iniciativas privadas nacen como universidades, sin exigírseles ir progresivamente para adquirir experiencia y comprobar estándares de calidad y pertinencia.
Definitivamente esta propuesta es una excelente oportunidad para que la educación superior pública y privada en Colombia se ponga a tono con la realidad social y la globalidad, por lo que en vez de dar al traste con esta iniciativa, se deben aprovechar todos los escenarios para confrontar ideas, para mejorarlas y enriquecerlas en un debate abierto y sincero en el que puedan participar todos los sectores comprometidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario