La noticia de que la Fiscalía General de la Nación ha cerrado la investigación contra el Alcalde Alonso Salazar, concluyendo que las pruebas presentadas en su contra, no sólo eran falsas, sino que hacían parte de un montaje orquestado de manera consciente para desprestigiarlo y entorpecer su labor, representa una muy buena nueva para la ciudad.
No hay nada más perjudicial para el desempeño de un municipio y para el cumplimiento de sus deberes constitucionales, que sus autoridades públicas se vean envueltas en comportamientos ilegales o peor aún, que hagan parte de cadenas de corrupción o crimen organizado. Colombia infortunadamente está llena de estos malos ejemplos, al punto que se han configurado verdaderas mafias público-privadas para el robo masivo de fondos públicos y para poner porciones del aparato estatal al servicio de la criminalidad.
Pero así como es importante que el sistema judicial y la sociedad sancionen estos comportamientos, también lo es que quienes actúan con probidad y transparencia y aquellos que tienen el coraje de denunciar acciones criminales, se vean respaldados por la institucionalidad pública. En este caso queda demostrada la crucial importancia que tiene para un Estado de Derecho el que se cuente con una Fiscalía pronta y eficaz que sea, tanto ágil y capaz de llevar a los tribunales a quienes infringen la ley, como ágil y oportuna para dejar claro ante la sociedad quienes han sido injustamente acusados.
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