La semana pasada, la Fiscalía archivó un proceso que adelantaba contra el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Varios jefes de las autodefensas, incluido el hoy extraditado Diego Fernando Murillo, 'don Berna', acusaron con gran despliegue de prensa al burgomaestre antioqueño de haber recibido apoyos durante su desempeño como secretario de Gobierno de la administración de Sergio Fajardo y su campaña al primer cargo de la Capital de la Montaña.
Las investigaciones surgieron en noviembre del 2008 a raíz de las declaraciones de John William López, 'Memín', en las que hablaba de un respaldo directo de las estructuras paramilitares de varias comunas de Medellín a la aspiración de Salazar. A esto se añadiría una carta abierta de 'don Berna', cabeza en ese entonces de la siniestra 'oficina de Envigado', quien desde una cárcel de Nueva York ratificó el "apoyo de carácter económico y en publicidad" a la campaña del actual mandatario. Tales denuncias, provenientes de los antiguos promotores de la violencia y la delincuencia en esa ciudad, levantaron de inmediato una grave polémica y golpearon la legitimidad de su gestión, en especial en materia de seguridad urbana.
Sin embargo, las pesquisas de los entes judiciales desvirtuaron cada una de las acusaciones contra el alcalde Salazar. La Fiscalía afirma que este "nunca pidió ni recibió apoyo por parte de miembros de las autodefensas". Tras un análisis cuidadoso de las finanzas de la campaña y de los resultados electorales en distintas comunas con fuerte presencia paramilitar, los investigadores no encontraron ningún patrón irregular ni indicio que diera sustento a los falaces señalamientos. De hecho, la recopilación de testimonios y datos apunta en dirección a otros aspirantes, en cuanto a respaldo político y publicitario de esos grupos criminales.
El caso de Alonso Salazar pone de relieve la necesidad de recibir con beneficio de inventario las sindicaciones de los jefes paramilitares. La búsqueda de la justicia y la reparación para miles de víctimas que el Estado colombiano ha impulsado en años recientes conlleva grandes sacrificios, entre ellos el de depender de la 'verdad' que los alzados en armas confiesen. 'Verdad' que en no pocas ocasiones es dosificada estratégicamente, o que es contada a medias, a tiempo que grandes porciones de ella, por ejemplo lo relativo a la 'paraeconomía', se mantienen ocultas.
Es innegable que varias de estas declaraciones han conducido al esclarecimiento de masacres y otros delitos atroces, así como al descubrimiento de fosas comunes. Para muchas personas, así se llega al punto final de años de incertidumbre y zozobra por sus seres queridos.
Pero, en otras ocasiones, como ocurrió con la carta de 'don Berna' contra el Alcalde de Medellín, la intención de enlodar la reputación de figuras públicas es más que evidente. También la de desestabilizar a una administración local que enfrenta arduamente la violencia generada por los herederos y competidores de poderosas estructuras criminales. El propio Salazar ha denunciado públicamente a líderes de bandas que, durante año y medio, intentaron desacreditarlo y hacerlo caer en desgracia. Por fortuna, la Fiscalía abordó el proceso diligentemente y pudo desvirtuar una a una las calumnias de este montaje canallesco.
Si bien la trayectoria profesional y pública de Alonso Salazar le granjeó el respaldo y la confianza de muchos sectores ciudadanos en la capital antioqueña, no se puede minimizar el daño que a un gobernante o funcionario le generan señalamientos de delincuentes de esta naturaleza. La experiencia del atentado moral contra el Alcalde de Medellín invita a tener un mayor cuidado con esas dosis de 'verdad' políticamente motivadas.
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