El fallo dio en la pepa

El Colombiano / Lunes 9 de agosto del 2010 / Jorge Giraldo Ramírez

El fallo dio en la pepa

El 8 de julio del 2010 se produjo la decisión del Fiscal 28 delegado ante la “Unidad nacional de Fiscalía contra el terrorismo”, por la cual se archivó el proceso abierto al alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, a instancias de las declaraciones de varios ex jefes paramilitares, debidamente amplificadas por varios medios de comunicación.

Afortunadamente, la prensa escrita reseñó debidamente esta noticia y editorializó con claridad al respecto. No toda. Alguna, como Semana, se conformó con un párrafo después de dos años de tragar versiones completas de criminales confesos y condenados. “La luciérnaga” de Caracol también pasó de agache. Y “La W” -cuyo escándalo se cita en el fallo- no ha dicho ni mu. Grave actitud, pues muchos de los perjuicios que se derivaron de este montaje se deben al barniz de credibilidad que algunos periodistas le dieron al entuerto.

Ha dicho el Alcalde que no se meterá en una cadena de retribuciones, al menos mientras gobierne. Eso está bien y es un ejemplo para un país donde el debate político se ha ido remplazando por la criminalización y, entonces, cualquier discrepancia o antipatía busca resolverse en los tribunales. Como el sistema judicial premia al delincuente que inculpa a otros, y como abogados y jueces no le niegan proceso al contradictor, esta cadena se ha vuelto perversa.

Pero hay que tener este fallo en mente para el presente y para el futuro. En el presente, porque el fallo ha puesto al desnudo el almendrón de la inseguridad en Medellín. Lo que esta investigación desnuda es la cadena que une los intereses de los grupos que manejan las economías ilegales en Medellín, con la actividad de grupos armados con alta capacidad para la violencia letal y, al final, sectores de la clase política. Se presume que la mezcla entre poder económico y poder armado constituye un frente que amenaza al bloque de poder que se inviste con la legalidad y la legitimidad de nuestro régimen político y social.

A mucha gente se le ha pasado por alto que la verdadera disputa que existe en Medellín es esta. No son criminales contra el Estado, no son bandidos contra los ciudadanos. Es un proyecto político, económico y armado emergente contra las instituciones legítimas. Se engañan los que piensan que es un asunto de partidos políticos viejos o nuevos, dirigentes tradicionales o no.

Uno de los efectos nocivos de este complot fue que rompió el consenso social de respaldo a la autoridad municipal que tradicionalmente ha existido en Medellín y de esta manera afectó la gobernabilidad de la ciudad. No se podrá saber cuánto tiempo, cuántos esfuerzos y cuánta capacidad se perdió en estos dos años y medio de incertidumbre manipulada.

Lo otro importante es el futuro. Porque este fallo debe tener consecuencias políticas. En él se mencionan anteriores candidatos a la alcaldía, concejales y ediles. Si se hila más delgado se pueden presumir los nexos de estos con fuerzas económicas y otros dirigentes. Lo que pasó en las elecciones de marzo no fue muy halagüeño y cualquier despiste de quienes tienen poder de crear opinión y voluntad en Medellín, puede entregarle la ciudad en bandeja de plata al proyecto criminal.