Bogotá no es la única. La contratación en Antioquia, Cali y Cartagena es igual de escandalosa. Dinero presenta las pruebas.

Recuadros

“La plata era para que el debate no se hiciera..”

La imagen resultaba conmovedora. El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, se tomaba la cabeza a dos manos y, con el rostro descompuesto, recibía la notificación de la sanción más dura impuesta en la historia por la Procuraduría: destitución e inhabilidad por veinte años para ejercer cargos públicos. Aquel fallo, que dispuso simultáneamente la 'muerte política' para el ex congresista Germán Olano, está llamado a convertirse en un ícono en la lucha contra la corrupción porque fue tomado en una audiencia pública, de cara a una sociedad cada día más intolerante frente a un fenómeno que mengua los recursos fiscales y afecta la confianza del país en sus instituciones.

El procurador Alejandro Ordóñez tomó la decisión en la cresta de la crisis que afecta la contratación pública en Bogotá, donde hace ya un año las autoridades buscan identificar las piezas de un "carrusel" que parece haber convertido algunos de los negocios públicos de la ciudad en fuente de enriquecimiento para unos pocos.

Acostumbrados como están a que los escándalos sean flor de un día y reflejen pálidamente un problema con el que Colombia ha tenido que convivir, la opinión y los medios de comunicación no han hecho el escrutinio necesario para identificar la magnitud de un fenómeno que no parece haber cedido, pese a las catorce reformas al Código Penal en los últimos veinte años, a la expedición de más de cuarenta normas de reglamentación del Estatuto de la Contratación y a una decena de intentos del Estado por fortalecer el Estatuto Anticorrupción y depurar sus instrumentos de control fiscal.

La contratación sigue siendo el flanco más débil en la defensa del patrimonio público. Su vulnerabilidad no se advierte exclusivamente en Bogotá; afecta en similar medida otras capitales y entidades territoriales que administran los mayores presupuestos públicos.

Estas son las historias protagonizadas por funcionarios que, de manera consciente o por obra de la negligencia, han permitido que la contratación siga siendo el coto de caza en el que la presa más codiciada es el patrimonio público.

Silencio comprado

A comienzos de 2010, Diego Otoya Gerdts, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe S.A.), se sentía sitiado por el Concejo de Cartagena que miraba con lupa la contratación de la entidad y decidió entonces hacer todo lo posible por evitar un debate de control político del que seguramente habría salido mal librado.

Otoya buscó a Marco Antonio Guete, representante legal de Construcciones del Caribe Ltda., y uno de los contratistas más reconocidos del departamento, para pedirle que le ayudara a conseguir el dinero que necesitaba para cancelar el debate. Guete adujo un problema de liquidez pero lo puso en contacto con Rafael Borré, ex gerente de la Industria de Licores, quien podría darle un préstamo.

Al día siguiente, los tres se reunieron en el centro comercial Caribe Plaza. El video de una cámara de seguridad instalada en el área de comidas los muestra hablando en una mesa del local 'Patacón con todo'. Una grabación hecha de viva voz por Borré, ya en manos de las autoridades, recoge su versión de lo que pasó. Guete le pidió prestados $40 millones que habría que pagarle al promotor del debate y le dijo que había que ayudarle a Otoya porque él no tenía el sustento necesario para defenderse de los cuestionamientos que le harían en la sesión del Concejo. (escuche el audio y vea más documentos en www.dinero.com).

Borré pidió garantías de respaldo al préstamo y Guete, uno de los contratistas privilegiados de Edurbe, le extendió dos cheques personales posfechados, cada uno por $20 millones. Por increíble que parezca, la justicia supo del incidente, no en desarrollo de una investigación por corrupción, sino como consecuencia de una denuncia por estafa presentada por el prestamista ante el incumplimiento parcial de la obligación.

El entonces gerente de Edurbe logró el aplazamiento del debate y consiguió mantenerse unos meses más en el cargo. En tan solo nueve meses, Otoya había manejado, vía convenios administrativos y sin atender los requerimientos del Estatuto de la Contratación, negocios por $46.090 millones. Varios de los contratos se concentraban en un círculo estrecho, como ha ocurrido con los 'carruseles' que están siendo denunciados en las administraciones de Bogotá, Cali y el departamento de Antioquia.

Finalmente, el director del organismo prefirió renunciar y procurarse una salida digna. Anunció que se iría a Medellín a ejecutar un contrato que se habían ganado con su hermano Pedro Otoya para instalar un programa para el conteo de votos en las elecciones para Congreso y Presidente de la República en 2010. Hoy, asegura que existe un grupo de detractores de oficio que buscan torcerle el cuello a la verdad para hacerle daño a la aspiración de Luis Guillermo Otoya, otro de sus hermanos, de llegar a la Alcaldía de Cartagena por los movimientos 1815 y Por una nueva Cartagena, los mismos que llevaron a la actual alcaldesa al cargo.

"Yo no dudo -le dijo Otoya a Dinero- que exista un video que me muestre en alguna reunión con los señores Guete y Borré, pero eso por sí solo no significa nada porque yo me reunía con mucha gente". Según él, la denuncia presentada por Borré ante la Fiscalía se encuentra en vías de conciliación. Sin embargo, expertos consultados dijeron que eso quiere decir que Otoya reconoce la existencia de la deuda de la que habla Borré, el hombre que prestó el dinero para acallar el debate.

La salida de Otoya del cargo le dio apenas una solución de continuidad al problema. El Edurbe, que maneja el 30% de los recursos de inversión de la administración distrital de Cartagena, ha conservado un amplio margen de liberalidad en el manejo de los convenios interadministrativos. Hasta el 31 de enero, estos sumaban un poco más de $77.000 millones en las áreas de educación, salud, infraestructura vial y programas sociales como los hogares múltiples (ver facsímile).

El contratista Marco Guete concentraría una buena parte de los negocios. En algunos casos, su empresa aparece de manera nominal y, en otros, tiene injerencia en ellos a través de terceras personas. Estimativos hechos por los organismos de control consideran que su injerencia en los negocios abarca cerca de $32.000 millones. También han recibido informes según los cuales periódicamente él se reúne con otros contratistas en su finca próxima al Club Campestre para acordar con ellos montos de participación, anticipos y comisiones. Un contratista que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato contó que en esa finca, situada en la zona de Puente Huenda, cerca de Turbaco, se hacen periódicamente "cortes de cuentas".

Guete anunció a través de su secretaria que respondería las llamadas de Dinero, pero hasta el cierre de esta edición no lo había hecho.

"Existen dos o tres contratistas ricos, algunos familiares de altos funcionarios distritales, que compran los contratos por debajo de la mesa y que son quienes entregan los dineros de manera anticipada a aquellas personas que hacen del poder y de las influencias una forma de vida", advierte el empresario William Mourra Babum, representante de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Bolívar, en una carta enviada el 25 de febrero a Augusto Mainero, actual director de Edurbe.

La Alcaldesa Judith Pinedo explica que hasta el día en que Otoya renunció a su cargo con el anuncio de que se acogería a una mejor opción laboral, ella no tenía motivo para dudar de su conducta. "Si yo me hubiera enterado de la existencia de la grabación que ustedes me mencionan, habría sido la primera en levantar una polvareda". Observa que Otoya fue el segundo director del organismo y que llegó al cargo por una terna enviada a la junta directiva. Según la información de sus colaboradores, Guette aparece oficialmente en dos contratos: uno, suscrito entre el municipio de Arroyo Hondo y Edurbe y otro, que data de 2007, entre Invías y Edurbe para la adecuación de unas vías en Hatillo de Loba.

Mourra, para quien la alcaldesa Pinedo ha demostrado buena fe pero ha sido traicionada por algunos de sus colaboradores, le ha hecho seguimiento permanente a los temas de contratación y ha apoyado el trabajo de las comisiones investigativas de los órganos de control enviadas desde Bogotá. Además del control excepcional a Edurbe, los equipos de fiscalización harán también seguimientos a los contratos y proyectos relacionados con el sistema de transporte masivo Transcaribe, uno de cuyos responsables, la firma H.H. Arquitectura, de Javier Hadad, ha mostrado retrasos, incumplimientos y problemas de liquidez pero se encuentra a salvo de acciones de caducidad.

Allí mismo, la licitación para el recaudo es rondada por grupos en los que tienen intereses personas mencionadas dentro del 'carrusel' de Bogotá, como Julio Gómez y Emilio Tapia. También tienen en la mira el contrato del corredor de acceso rápido a la Variante de Cartagena, firmado con el consorcio Gercón Ltda., Álvarez y Collins S.A. y KMC Ingenieros Ltda. La administración ha accedido a la firma de 17 otrosíes a través de los cuales se les han incluido obras "adicionales", cuyo objeto no siempre está relacionado con el negocio inicial....

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