La impunidad desbordada

Por Alfredo Rangel

OPINIÓN. Es necesario mejorar la capacidad científica del CTI en la investigación, porque su ineficiencia está poniendo en entredicho la eficacia de los juicios orales.

Sábado 2 Octubre 2010 

La muerte del Mono Jojoy interrumpió abruptamente el debate público sobre un tema que con mucha razón tiene escandalizada a la gente: la impunidad de que disfrutan muchos criminales en el país. Muchas leyes parecen establecidas para favorecer el delito, y centenares de jueces parecen empeñados en proteger a los delincuentes y no a sus víctimas, ni a la sociedad, ni al Estado. Mientras subsista esta situación estarán disminuidas las posibilidades de coronar con éxito la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La tapa de la olla ha sido la libertad que ordenó la juez de garantías de 25 de los 34 integrantes de una red de traficantes de armas, que las robaban al Ejército Nacional para venderlas a las Farc a razón de 100 millones de pesos mensuales, durante varios años. Fueron capturados en 20 allanamientos en 10 ciudades diferentes, y se les encontró un enorme arsenal robado con destino a la guerrilla. Pero para la juez, el CTI cometió el "error" de realizar algunos allanamientos por fuera del horario de oficina que establece la Ley, o sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, aun cuando la misma Ley señala que cuando las circunstancias lo ameriten (¿?) también se pueden hacer en horas distintas. Pero ceñida estrictamente a la letra de la Ley y su horario de oficina, y sin apreciar la gravedad del delito, ni la peligrosidad de los delincuentes, ni la complejidad del operativo, la juez liberó a la mayoría de los capturados.

En el fugaz debate público que provocó este hecho, la opinión quedó muy mal dividida entre quienes piensan que el problema es la Ley y quienes señalan que son los jueces. Yo creo que son ambos: unas leyes muy garantistas y ambiguas, y unos jueces aún más garantistas e inclinados a favorecer a los delincuentes en la aplicación de las normas. O, aún peor, a castigar a unos y hacerse los de la vista gorda con otros, como en los casos de los políticos y dirigentes acusados de vínculos con grupos armados ilegales: duros hasta la arbitrariedad con los sindicados por parapolítica, blandos hasta la complacencia con los incriminados con farcpolítica. A esto hay que añadir, en ocasiones, las deficiencias de los investigadores en la recolección y la presentación de pruebas ante los jueces. Un perfecto coctel para la impunidad.

Tendremos que esperar a que aparezca una nueva generación de jueces que tenga como valores superiores la seguridad y el interés colectivos, sin violar los elementales derechos a la legítima defensa de los incriminados con pruebas razonables, porque no son cosas incompatibles. Mientras tanto, la vía más expedita para disminuir la impunidad es ajustar las leyes para reducir el margen de interpretación y de arbitrariedad, que muchos jueces disfrazan con el apego literal a la norma.

Sería muy útil, por ejemplo, revisar el caso de Italia, donde a comienzos del presente año se aprobó un Código Único contra el crimen organizado que agrupó en un solo estatuto toda la legislación dispersa y ajustó las normas y los procedimientos para combatir con más eficacia a todo tipo de bandas delictivas. La creciente y dinámica amenaza que representa el crimen organizado a nivel global exige de los Estados una permanente actualización de sus instrumentos jurídicos, so pena de que estos se conviertan en rey de burlas de una delincuencia sagaz que siempre está encontrando nuevas formas de eludir la acción de las autoridades y aprovechando los resquicios de leyes obsoletas y excesivamente garantistas.

La reforma a la justicia no puede quedarse en definir quién nomina o terna a quién para qué alto cargo en la cúpula judicial o cómo se reestructura la arquitectura institucional de la rama. También es necesario reformar aquellas medidas que han demostrado ser poco efectivas e incluir otras para disuadir y castigar con más contundencia a los criminales y sus viejas y nuevas formas delictivas: desde el fleteo y el paseo millonario, pasando por los apartamenteros y extorsionistas, hasta los narcotraficantes de todos los pelambres y sus bandas armadas.

Para combatir mejor al crimen organizado hay que ampliar a 24 horas los allanamientos con orden judicial, redefinir el concepto de flagrancia, ampliar los términos para la formulación de cargos y de la prescripción de muchos delitos, mejorar la protección de las víctimas y los denunciantes, volver no excarcelable el porte ilegal de armas, endurecer el castigo a los reincidentes, etcétera. Y, claro, mejorar la capacidad técnica y científica del CTI en la investigación criminal, porque sus deficiencias están poniendo en entredicho la eficacia de los juicios orales. Son las acciones que la sociedad le reclama a gritos al Estado para neutralizar el desbordamiento de la impunidad.

Fuente: Semana.com
http://www.semana.com/noticias-opinion/impunidad-desbordada/145407.aspx