Un fallo político y desproporcionado

María Eugenia Carreño, Procuradora delegada.

La Procuraduría General de la Nación destituyó al ex alcalde de Medellín Alonso Salazar y lo inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos. Según el organismo de control, Salazar participó en política de manera dolosa en la campaña de 2011. Y, sorprendentemente, desechó todos los argumentos de la defensa relacionados con su papel como primera autoridad, como garante del bien común y del interés general y de la transparencia en el proceso electoral.

Alonso Salazar, con su señora madre, en la audiencia.

Después de 4 meses, en una sesión con innegable protagonismo mediático de la Delegada María Eugenia Carreño, la procuradora ratificó la calificación de falta gravísima, anunció la sanción y programó la apelación para el viernes 2 de marzo.

El fallo hace parte de una serie de decisiones de la Procuraduría en las que, curiosamente, se detecta más celeridad en unos casos que en otros; aún en nuestra misma región. Por eso, al final de la audiencia, Salazar declaró lapidariamente: "Mucha impunidad con algunos sectores políticos de la ciudad y mucha celeridad para investigar a otros".

Curioso que, quien denuncia sea sancionado y los denunciados por relaciones con los criminales estén celebrando en sus casas, planeando cómo afectar la gobernabilidad en Medellín y buscando controlar de nuevo el poder político con su estilo mafioso e ilegal.

El auditorio aplaudió al ex alcalde y, en un ambiente de desconcierto general, lamentó un fallo que se calificó como desproporcionado y claramente político. Tano o más fuerte que otros en los que los implicados han cometido verdaderos crímenes contra lo público.

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